Tras el acuerdo alcanzado ayer entre el Parlamento y el Consejo, la medida que hoy ha visto la luz volverá a la Eurocámara a principios de octubre para ser respaldada en el pleno y las Comisiones de Libertades Cibiles y de Derechos de la Mujer.

Gracias a esta iniciativa, las víctimas comunitarias de distintos tipos de violencia con medidas de alejamiento vigentes podrán disfrutar de similar protección si se trasladan a otro Estado miembro, siempre que así lo soliciten.

Entre los beneficiarios potenciales de la OEP figuran víctimas de violencia de género, acoso, secuestro o intento de asesinato.

Esta orden solo se aplicará a las medidas de carácter penal, por lo que se complementa con un reglamento civil aprobado por la Comisión en mayo que asegura el reconocimiento entre distintas legislaciones nacionales en este terreno.

Sin embargo, debido a las diferencias entre los sistemas legales de los Estados miembros, el país al que se traslade la persona tiene la posibilidad de aplicar otro tipo de medidas (penales, administrativas o civiles), siempre y cuando garanticen un nivel similar de protección.

Presentada por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en enero de 2010, la Orden de Protección Europea fue una de las principales iniciativas de la presidencia española.

En un principio se concibió para garantizar las medidas de alejamiento de las víctimas de violencia de género, aunque las discrepancias de ciertos Estados y en especial de la propia Comisión han introducido notables modificaciones sobre el texto original.

Muchos de los obstáculos que ha encontrado la OEP radican en que delitos como la violencia de género pertenecen a distintos ámbitos (penal, civil o administrativo) en función de cada país, lo que suponía grandes dificultades a la hora de armonizar medidas de protección.

Por ello, los ministerios de Justicia y de Igualdad en su día realizaron numerosos esfuerzos para sacar esta medida adelante, con el respaldo de Bélgica, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia.

Las eurodiputadas Carmen Romero y Soledad Becerril han participado activamente en su aprobación, tras la que los Estados dispondrán de tres años para aplicar esta nueva directiva a sus legislaciones nacionales.

"Se trata de un gran paso hacia el establecimiento de un área de justicia en Europa, donde la gente pueda moverse libremente a otro Estado miembro sin arriesgar sus vidas", subrayó Romero.

El Consejo de Ministros de Justicia de la UE aprobó este viernes por unanimidad la Orden Europea de Protección (OEP) para víctimas de violencia, impulsada por España durante su presidencia de la Unión.