En rueda de prensa, el presidente de la asociación, Francisco Delgado, adelantó que Izquierda Unida será la primera en iniciar la ronda de contactos, “con la que pretendemos fomentar el debate y que los partidos incluyan, dentro de lo posible, nuestras medidas en su programa electoral”.

"La Iglesia católica mantiene una serie de privilegios económicos, jurídicos y simbólicos que incluso han aumentado en los últimos años”, afirmó Delgado, quien como propuesta estrella defendió "una reforma de la Constitución, previo referéndum”, para garantizar la laicidad.

A su juicio, el punto 3 del artículo 16 “es ambiguo” en lo referente a la libertad religiosa, mientras que el 27 habría de modificarse por completo para evitar la financiación de la enseñanza privada católica “con carácter ideológico”.

Delgado pidió además derogar el concordato con la Santa Sede de 1979, eliminar el delito de “blasfemia o vulneración de supuestos sentimientos religiosos“, y aprobar una nueva Ley Orgánica de Libertad de Conciencia "que realmente asegure la libertad religiosa”, puesto que la actual ha quedado muy obsoleta.

EXENCIONES FISCALES

Según Delgado, la Iglesia católica recibe al año 10.000 millones de euros procedentes de las administraciones públicas (Estado, comunidades autónomas y municipios) a través de “las más diversas vías, como subvenciones directas, medios a su servicio, donaciones y exención de impuestos".

Los municipios dejan de ingresar cerca de 1.500 millones de euros al año porque la Iglesia católica no paga el IBI, apuntó Delgado, y el conjunto del Estado pierde otros 250 millones por las exenciones del IRPF, agregó.

En su opinión, esto supone una situación “injusta y lamentable, que en tiempos de crisis es todavía más alarmante”.

Por ello, exigió el fin de estos "privilegios” y la eliminación inmediata del artículo 146 de la Ley Hipotecaria de 1946, por el que se concede a la Iglesia el derecho de “inmatriculación” en el registro de la propiedad de cualquier inmueble o edificio no inscrito a nombre de nadie.

Delgado insistió en la necesidad de que “hospitales, centros educativos, cárceles y demás lugares públicos estén libres de símbolos y espacios religiosos”, y abogó por que ningún cargo público participe en actos litúrgicos en calidad de representante político.

Por último, reclamó la derogación del supuesto delito de infamia, que a su juicio “coloca una espada de Damocles sobre la cabeza de muchos colectivos, en especial del profesorado, y limita su libertad de expresión”.