Así lo expresó durante su intervención en la inauguración de la jornada sobre ‘La sanidad penitenciaria en tiempos de pandemias’, organizada por la Coordinadora Estatal de VIH y sida (Cesida) y en la que afirmó que esta cuestión representa el “desafío principal que tenemos en el ámbito de la política penitenciaria”, asumiendo que “no podemos permitirnos más retrasos ni aplazamientos” a este respecto.
La “plena” integración de los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias en los correspondientes servicios de salud de las comunidades autónomas será, según su criterio, un “considerable paso adelante en la mejora de su eficiencia" y recordó que la salud es un derecho fundamental “esencial” y, como tal, lo fijó como un “objetivo prioritario".
Marlaska reconoció que la sanidad penitenciaria está sometida a una “enorme presión” como consecuencia de la pandemia y quiso “poner en valor el enorme trabajo, el enorme esfuerzo” que, durante este último año, ha realizado el conjunto de profesionales de Instituciones Penitenciarias, al tiempo que admitió que la actual crisis “nos ha puesto a prueba a todos”.
En este sentido, hizo referencia a las “medidas extraordinarias” que Interior se ha visto obligado a adoptar para “proteger” a sus funcionarios y mostró su “orgullo” por su “profesionalidad y compromiso con el servicio público”, atribuyéndoles el “mérito” de que las tasas de personas afectadas, hospitalizadas o fallecidas por la Covid-19 en los centros penitenciarios sean “sustancialmente inferiores a las de población en general”.

ATENCIÓN PRECISA
En este contexto, indicó que los más de 24.000 trabajadores de la administración penitenciaria han prestado la “atención precisa y necesaria” tanto a los internos en centros penitenciarios y de inserción social, como a quienes cumplen penas alternativas a la prisión e hizo “mención especial” a los 800 profesionales de los cuerpos facultativos, cuyo “esfuerzo y entrega incansable" a la sanidad penitenciaria ha permitido “contener” el avance de la Covid-19 en el interior de los centros penitenciarios.
No obstante, subrayó que este “positivo balance” no debe entenderse como un ejercicio de “triunfalismo” y manifestó ser “consciente” de la urgencia de “preservar un esfuerzo diario para mejorar la sanidad penitenciaria y mejorarla sustancialmente”.
En la misma línea, la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, defendió como un “reto importante” dicha integración de la sanidad penitenciaria y recordó que la actual crisis sanitaria y sus consecuencias ha significado un “doble dolor” para la población reclusa, que sufre unos “riesgos avanzados” por vivir en condiciones “de colectividad más complejas”.
Aparició reconoció el “doble mérito” de que Instituciones Penitenciarias haya podido controlar la propagación del virus en las cárceles españolas y agradeció a Cesida su “papel fundamental” en el desarrollo de los diferentes planes preventivos implementados en los últimos años y que han permitido a España posicionarse como “referente importante" en el control de la infección por VIH, hepatitis virales o tuberculosis. Además, se mostró “consciente” de la importancia de contar con una sanidad penitenciaria “eficaz, de calidad y equiparable al sistema nacional de salud”.

CESIDA
Por su parte, el presidente de Cesida, Ramón Espacio, consideró que las crisis como la actual “pueden ser también vistas como oportunidades de cambio, de mejora”, preguntándose si la actual crisis sanitaria “puede servir de catalizador” de los cambios necesarios de un sistema sanitario penitenciario que a principios de este siglo inició, a su juicio, “un declive que poco a poco lo está llevando al colapso”.
Entre las causas, citó la falta de personal sanitario y el incumplimiento de la disposición adicional sexta de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003 y, a su entender, la “consecuencia es la vulneración del derecho a la salud de las personas privadas de libertad”.
Espacio puntualizó que dicha ley daba un plazo de 18 meses para transferir a los servicios de salud autonómicos las competencias de sanidad penitenciaria dependientes del Ministerio del Interior, un mandato legal, que, destacó, “lleva un retraso de 16 años en la mayor parte del territorio nacional”, si bien se mostró “consciente” de que dicha integración “no va a ser una panacea que de golpe resuelva todos los problemas”.
“La sanidad penitenciaria está lanzando un SOS y no nos podemos permitir otros 16 años de espera”, agregó, al tiempo que dijo esperar que Gobierno y regiones logren alcanzar el acuerdo para que esta sea la legislatura en la que, “por fin se culmine este proceso”. Finalmente, señaló que, “si las transferencias no van a ser posibles, se tendría que buscar alguna alternativa que garantice el derecho a la salud a las personas privadas de libertad”.