Esta medida se enmarca en el proceso de adaptación de la normativa autonómica a la Directiva europea de Servicios en el Mercado Interior y a los planes de la Junta para eliminar obstáculos administrativos que afectan a la actividad económica.

Entre otros cambios, la normativa ya no exigirá la renovación de las autorizaciones para el funcionamiento de las escuelas taurinas y para la inscripción de las plazas de toros portátiles, trámite que se realizaba cada cinco años.

En el caso de las empresas organizadoras de espectáculos taurinos, para el inicio de su actividad se sustituye la inscripción previa en el registro por una declaración responsable, que puede verificarse posteriormente a través de inspecciones. Asimismo, se garantiza la libre prestación de servicios por parte de empresas establecidas en cualquier estado miembro de la Unión Europea.

La última de las modificaciones aprobadas supone la unificación de los distintos regímenes sancionadores vigentes y la clarificación de los órganos competentes en esta materia, que a partir de ahora serán los mismos en los cuatro decretos que componen la normativa taurina andaluza: el 112/2001, de Escuelas Taurinas de Andalucía; el 143/2011, regulador de las plazas de toros portátiles; el 62/2003, de Festejos Taurinos Populares, y el 68/2006, del Reglamento Taurino de Andalucía.