Esta propuesta ha sido realizada por la senadora de UPN María Caballero, que es hija de Tomás Caballero, que ocupó el puesto de concejal en Pamplona y fue asesinado el 6 de mayo de 1998.

La senadora ha planteado cuatro enmiendas a la Ley de Víctimas, que se encuentra en estos momentos en tramitación en la Cámara Alta para su envío al Congreso, donde será aprobada definitivamente.

En su cuarta enmienda, María Caballero propone incluir en el Preámbulo de la futura ley que los poderes públicos “garantizarán que ningún partido, agrupación o coalición que apoye, ampare, legitime o justifique el terrorismo pueda acceder a las instituciones democráticas y adoptarán las medidas necesarias para impedir la continuidad de los electos de dichas formaciones que ya lo hubiesen hecho”.

La parlamentaria argumenta que esta enmienda es necesaria, puesto que se requiere “una política antiterrorista firme y rotunda propia de un Estado de derecho. Esto es, una política que resulte incompatible y rechace de plano, cualquiera que sea la fórmula, una posible complicidad con los terroristas”.

Al mismo tiempo, en otra enmienda, María Caballero plantea que es necesario incluir en la ley que “los poderes públicos se comprometen a no emprender ningún proceso de diálogo o negociación que suponga el pago de cualquier precio o contraprestación a los terroristas”. Este veto a la negociación con los terroristas había sido pedido por colectivos de víctimas como la AVT y Dignidad y Justicia.