Este informe, que se incluye en los 17.000 folios del sumario del caso cuyo secreto fue levantado ayer, explica que "el análisis de los documentos y archivos informáticos intervenidos en el registro judicial de los despachos de don José Ramón Blanco Balín y don Andrés Guillamot Bernardo el día 15 de julio de 2008" sugiere que hasta un total de 30 empresas podrían pertenecer a Correa. Algunas de ellas, prosigue el informe, "tienen su domicilio fiscal en España, pero otras residen fuera de nuestro territorio, estando incluso ubicadas en paraísos fiscales o países de baja tributación".

Ante esta circunstancia, la Agencia Tributaria destaca que, según su Base de Datos Consolidada, Correa no había percibido rendimientos de trabajo, de capital mobiliario o inmobiliario ni de actividades económicas desde 1999, que no parecía haber alteraciones en su patrimonio y que él no aparecía como socio ni administrador de ninguna sociedad, sino sólo como autorizado de las cuentas bancarias de la empresa FCS.

Sin embargo, esta empresa (cuyas siglas, teóricamente correspondientes a Formación Comunicación y Servicios, coincidían con las del propio Correa, según pone de manifiesto el informe), carecía de actividad económica, de acuerdo con la base de datos de la Agencia Tributaria. Con lo cual, concluye el informe, las únicas propiedades que constaban a nombre de Correa eran un piso y una plaza de párking en la calle Húmera de Madrid.