Según informó el Gobierno, el objetivo de este decreto es adecuar la regulación reglamentaria vigente en materia de discapacidad a las directrices marcadas por la convención, en la línea de lo establecido en la ley aprobada este verano para adaptar la normativa española al mencionado tratado internacional.

La regulación de las condiciones básicas de accesibilidad afecta a sectores como transportes, tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social, entre otros.

SANIDAD

En materia de sanidad se modifican varios decretos para regular el derecho a la información en formatos adecuados y garantizar así que los usuarios con discapacidad reciben en formatos accesibles la información que requieran en cada momento.

"Se trata de garantizar el respeto a la voluntad de las personas con discapacidad y el pleno ejercicio de sus derechos", afirma el Ejecutivo.

ACCESIBILIDAD

En el ámbito de la accesibilidad, el texto introduce cambios en materia de transportes y páginas de Internet. Así, amplía la regulación de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, al incluir planes de accesibilidad en las grandes instalaciones de transporte.

Del mismo modo, hace la adaptación de los criterios de accesibilidad aplicables a las páginas de internet de las Administraciones públicas o con financiación pública, restringiendo las excepciones aplicables.

En cuanto a la protección civil, la modificación consiste en la regulación de protocolos de actuación específicos para garantizar la asistencia a los ciudadanos con discapacidad, así como la inclusión en cursos de formación de materias relacionadas con la asistencia a este colectivo.

LA ADAPTACIÓN, A EXAMEN

Finalmente, el Ejecutivo recordó que España se someterá a examen este mes de septiembre ante el Comité de los derechos de las personas con discapacidad de Ginebra, lo que supone que será el segundo país en hacerlo y el primero entre los europeos.

El objetivo del examen será determinar el nivel de acierto obtenido en la materialización de los compromisos asumidos por España con respecto a su adaptación normativa a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.