La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada por 191 votos a favor, 154 en contra y 2 abstenciones.

Durante el rebate, el diputado socialista Odón Elorza explicó en el Pleno de la Cámara Baja que su partido votaría a favor de la toma en consideración de la iniciativa del PNV sin estar de acuerdo con su conjunto, sino sólo con la parte de retirar al Constitucional la capacidad de ejecutar sus sentencias, para lo cual puede llegar a suspender a cargos públicos que incurren en desacato.

La iniciativa defendida por el parlamentario peneuvista Mikel Legarda también incluye suprimir el recurso previo ante el Constitucional sobre reformas de estatutos de autonomía, algo que fue aprobado también en 2015, en este caso tras un pacto entre PP y PSOE.

En este sentido, Elorza explicó que su partido rechaza “profundamente” la pretensión de suprimir el recurso previo ante el Constitucional, pero que están “dispuestos a recorrer un camino” para reformar la ley que contempla que el órgano que vela por el cumplimiento de la Carta Magna pueda sancionar e, incluso, suspender a cargos públicos que no acatan sus resoluciones.

“DIQUE DE CONTENCIÓN”

Por su parte, Legarda defendió que el recurso previo sobre estatutos de autonomía y que el Constitucional pueda suspender a cargos públicos incumplidores suponen una “desnaturalización” de este órgano y “un paso más en el camino de judicializar los procesos que son eminentemente políticos, con unas graves consecuencias desconocidas hasta el momento”, en referencia al caso de Cataluña.

Por el contrario, el diputado del PP Jaime De Olano sostuvo que “poco han cambiado las cosas” desde que se introdujeron 2015 las reformas sobre el Constitucional, que dijo buscaban que esta institución fuese un “dique de contención jurisdiccional ante la intentona secesionista”. Destacó que la insistencia de los independentistas catalanes en que volverán a hacer algo similar al 'procés' hace necesario mantener los cambios introducidos hace cinco años.

En la misma línea se situó el diputado de Vox José María Sánchez, que dijo que la iniciativa de los peneuvistas era “contraria a la unidad nacional”, así como el de Ciudadanos Edmundo Bal, quien acusó al partido de Íñigo Urkullu de querer “debilitar” al Constitucional y que tenga “menos potestades”. En la misma línea, Carlos García Adanero, de UPN, afirmó que la proposición de ley busca justificar el derecho a la independencia, cuando es algo que no contempla la normal fundamental de 1978.

Por contra, el planteamiento del PNV fue respaldado por Unidas Podemos y las formaciones nacionalistas. Así, Martina Velarde, en nombre del grupo que lidera Pablo Iglesias, justificó la reforma del Constitucional porque el PP lo convirtió en un “órgano de partido” con la modificación de 2015.

Asimismo, Carolina Telechea, de ERC, afirmó que el recurso previo de inconstitucionalidad es una “salvajada” y “atropello a la soberanía popular”, mientras que Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, habló de que es necesario un “respeto” a lo que votan los ciudadanos y a los que apuesten por la autodeterminación.