Así lo indicó en el Senado en respuesta a la portavoz del PNV, Estefanía Beltrán de Heredia, que preguntó a la ministra sobre la vinculación del plan de ayudas extraordinarias a la solvencia empresarial y cómo se ha elegido a los sectores beneficiarios.

“Hemos tratado de utilizar criterios objetivos para definir cuáles eran los sectores más afectados en este momento de la pandemia”, explicó Calviño, remarcando que el objetivo es que dispongan de recursos “para afrontar en las mejores condiciones la recuperación”.

“Queremos que cuando se reactive la economía los ingresos no se destinen a pagar las deudas acumuladas desde marzo del año pasado sino que los empresarios puedan utilizar esos recursos para contratar a más trabajadores, para invertir, para mejorar sus establecimientos, en definitiva, que tengan músculo para encarar y aprovechar esa recuperación económica”, detalló.

El plan establece a tal efecto un listado de cien sectores que podrán solicitar ayudas directas en función de esos parámetros de permanencia de sus plantillas en los ERTE y las dificultades de recuperación desde el punto más álgido de la pandemia en la primavera pasada, continuó.

Sin embargo, apuntó que el objetivo del real decreto ley que es estos recursos “lleguen al conjunto de la economía” y por eso se ha “dispuesto que estas ayudas directas tienen que servir para pagar las deudas acumuladas”.

La intención que detalló es que dichos fondos vayan al pago a proveedores, al pago de alquileres, suministros eléctricos, otros gastos fijos o al pago de créditos y otro tipo de deudas, de forma que “los recursos llegarán de forma directa o indirecta al conjunto de la economía, según la afectación en las diferentes comunidades autónomas”.

En cualquier caso, agregó que las comunidades autónomas “disponen del marco legal y de los recursos para completar la acción del Gobierno y apoyar a aquellos sectores que puedan estar especialmente afectados en su ámbito de responsabilidad”. Al respecto indicó que se ha transferido a las comunidades autónomas 24.000 millones que podrían utilizar también para apoyar al tejido productivo.