El pliego de licitación, publicado en la web del Ministerio de Industria, señala que el contrato será de dos años y tendrá un importe estimado de cinco millones de euros (5.038.000).

Industria dice que precisa contratar este servicio de "seguimiento y control de la difusión de servicios de comunicación audiovisual" porque, "debido al volumen del objeto del contrato y a la indisponibilidad de medios tanto técnicos como humanos, este órgano no se halla en condiciones de afrontar tales tareas" que le tiene encomendadas la Ley Audiovisual.

El adjudicatario del concurso deberá suministrar información periódica al Ejecutivo y crear una base de datos con las vulneraciones de la Ley Audiovisual que hagan las radios y televisiones en abierto y de pago bajo competencia del Estado.

El pliego de condiciones indica que la fiscalización a los operadores audiovisuales deberá señalar las "emisiones de escenas de pornografía o violencia gratuita en abierto" y los "programas o espacios publicitarios que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores por su hora de emisión".

La base de datos deberá en concreto poner nombre y apellidos a "las emisiones de contenidos calificados para mayores de 18 años que se hagan fuera de la franja entre diez de la noche y seis de la mañana", y lo mismo a los espacios dedicados a juegos de azar, apuestas, esoterismo o que promuevan el culto al cuerpo en horario no permitido por la Ley Audiovisual.

También deberá servir para saber si televisiones y radios cumplen el máximo de tiempo publicitario autorizado o el porcentaje diario de programas subtitulados en servicios de comunicación.

Las asociaciones de telespectadores vienen quejándose con insistencia, desde la aprobación de la Ley Audiovisual el 1 de mayo de 2010, que esta norma se queda en agua de borrajas si Industria no hace un seguimiento detallado de las vulneraciones y no impone las correspondientes multas.