Los alcaldes firmantes de este comunicado fueren el del Cádiz, Jose María González 'Kichi' (Adelante Cádiz); Girona, Marta Madrenas (Junts); Granada, Luis Salvador (Cs); Lleida, Miquel Pueyo (ERC); Pamplona, Enrique Maya (UPN); Reus, Carles Pellicer (Junts); Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez Esparza (CC); Torrelavega, Javier López Estrada (PRC); Valencia, Joan Ribó (Compromís); Zaragoza, Jorge Azcón (PP); y Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP).

Los alcaldes reclaman al Gobierno central la aprobación de manera urgente de un Fondo de Reconstrucción Local por valor, al menos de 4.000 millones de euros y la aportación de un Fondo del Transporte de al menos 1.000 millones de euros, ampliables para poder hacer frente a los efectos que puedan producirse durante 2021.

También demandan el reconocimiento del protagonismo que las entidades locales deben tener en la gestión directa de Fondos de la Unión Europea para la Reconstrucción, haciendo efectiva la transferencia del 14,56% de los mismos que equivale a la participación de la Administración Local en el gasto público del Estado.

Además, los regidores reivindican el papel fundamental que han jugado todos los ayuntamientos en la gestión de la crisis sanitaria y económica ocasionada por el coronavirus, independientemente de su color político o de su situación económico-financiera. “El combate contra la pandemia nos ha supuesto un gran agujero financiero para costear los servicios públicos que necesitan nuestros vecinos”, señalan.

Igualmente, reivindican los acuerdos alcanzados por unanimidad en el seno de la FEMP para reclamar al Gobierno de España que arbitre un sistema de ayudas a todos los ayuntamientos que permitan hacer frente a las dificultades económicas ocasionadas por la crisis sanitaria del coronavirus. Estas ayudas son imprescindibles para que los municipios sigan prestando sus servicios públicos y ayudando a quienes más lo necesitan durante la actual crisis económica.

Por último, se comprometemos a seguir defendiendo la igualdad y la solidaridad en el reparto de los fondos estatales entre los municipios, así como a preservar los intereses de todos los ciudadanos independientemente del municipio en el que vivan y de la situación económica en la que se encuentren sus ayuntamientos.