Así lo anunció, en la rueda de prensa posterior, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien destacó que los consumidores deberán disponer previamente a la firma del contrato de la información necesaria para la correcta comprensión de los elementos esenciales del mismo y especialmente de las implicaciones financieras.

Por este motivo, se exige a las empresas o entidades de crédito que, con carácter previo a la oferta vinculante, faciliten por escrito al consumidor una información "especialmente detallada" en la que se identifique la identidad concedente, el tipo de crédito o préstamo a percibir y el importe total estimativo a satisfacer por éste, así como las obligaciones que el consumidor contraerá en caso de la formalización del contrato.

En este sentido, deberá incluirse la especificación de si el contratante de estos productos incluye como garantía la vivienda hipotecada y el resto de bienes del comprador, o si la única garantía es la vivienda (dación en pago). El texto exige que esta información sea redactada de manera "transparente, clara, concreta y sencilla, utilizando el tamaño de letra apropiado para facilitar su lectura".

La empresa o entidad que concede el préstamo o crédito con garantía hipotecaria deberá acreditar de forma fehaciente la entrega al consumidor de toda la información con carácter previo a la oferta vinculante.

Tras las tasaciones del bien hipotecado y, en su caso, de las oportunas comprobaciones sobre la situación registral de la finca y la capacidad financiera del prestatario, las entidades bancarias deberán efectuar una oferta vinculante que habrán de hacer llegar al consumidor en los mismos términos que la información previa a la misma.

Además, una vez que acepte la oferta vinculante, la ley garantiza al consumidor el derecho a examinar el proyecto de documento contractual con una antelación mínima de tres días hábiles anteriores a la firma de la escritura pública en el despacho del notario.

La ley contempla sanciones en caso de incumplimiento de las condiciones especificadas sobre el procedimiento de contratación, así como en caso de discrepancia entre la oferta vinculante y el proyecto de documento contractual. Estas sanciones pueden ser calificadas como leves, graves o muy graves, en cuyo caso podrían alcanzar los 600.000 euros.

Tras el acuerdo adoptado hoy, se procederá a someter el texto al trámite de audiencia, a partir de la próxima semana, con diferentes organizaciones. Por otra parte, antes de ser enviado a la Asamblea para su tramitación, el anteproyecto será presentado al Consejo de Consumo.