Esta normativa constituye una segunda fase de las políticas de uso racional del medicamento desarrolladas en Andalucía y tiene como objetivo continuar avanzando en las medidas de eficiencia impulsadas en los últimos años, garantizando la calidad de la atención y las prestaciones.

El decreto incluye una batería de actuaciones entre las que destaca la licitación de moléculas a través de concurso público, una medida con la que se apuesta por la sostenibilidad del modelo sanitario público actual.

En concreto, a través de un proceso de selección pública, se definirá el medicamento que habrá que dispensarse a los usuarios que acudan con una receta por principio activo entre todos los existentes en los principales grupos farmacoterapéuticos.

El texto recoge también la regulación de las recetas de productos sanitarios. En la actualidad, sólo el 60% de los productos sanitarios se prescribe por genéricos. Esta medida se iniciará con los absorbentes para la incontinencia urinaria.

Asimismo, con el decreto andaluz se favorecerá la accesibilidad a determinados productos, puesto que se contempla que algunos pacientes puedan recibir a domicilio aquellos que necesiten para el correcto cuidado de su problema de salud.

La futura normativa incluirá asimismo la propuesta de extender a las farmacias la factura informativa, que ya funciona en varios hospitales andaluces. Finalmente, contempla la creación de un Fondo de Ayuda para el mantenimiento de las farmacias que atienden a pequeños núcleos poblacionales.

En concreto, se estima que pueda dedicarse a este fondo el 10% de los beneficios que se obtengan con la licitación mediante concurso.