Así consta en el manifiesto leído esta tarde al término de la manifestación convocada por sindicatos y otras organizaciones sociales que congregó en Madrid a un importante número de personas.

"Decimos con toda contundencia “No a la reforma constitucional", porque puede poner en peligro futuras políticas sociales y de cooperación al desarrollo y, en especial, la universalidad, gratuidad y calidad de los servicios públicos educativo y sanitario.

Con la reforma aprobada por el Congreso los futuros gobiernos "no podrán, para evitar la caída en una recesión antes de entrar en ella, utilizar medidas de estímulo fiscal aunque produzcan sólo un déficit moderado, inferior al 3% del PIB".

Según dice el manifiesto, la supuesta flexibilidad en la nueva redacción del artículo 135 de la Constitución, sólo permite hacerlo cuando ya se haya entrado en la recesión. A partir de ese momento "ni las leyes ni la Constitución impedirán que el déficit se dispare, a no ser que se recorten fuertemente las prestaciones por desempleo y otros gastos sociales o de inversión".

Igualmente proponen una profunda reforma fiscal sin la cual, las organizaciones convocantes de esta manifestación, estiman que corren un "serio riesgo" el Estado de bienestar y los servicios públicos fundamentales.

"Por si quedasen dudas, que no puede camuflar la burda manipulación propagandística, alguna presidenta autonómica acaba de basar la justificación de un drástico recorte de los gastos en educación, sanidad y otros servicios sociales, en que supone la aplicación en su Comunidad de los principios de la reforma constitucional", señalan los convocantes.

Por ello, las organizaciones sindicales y sociales convocantes de esta manifestación expresaron su total apoyo a la lucha que el profesorado de la enseñanza pública va a emprender desde el comienzo del nuevo curso escolar contra los recortes del gasto educativo en Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Navarra y otras comunidades autónomas.

Además, consideran que la forma en que se ha llevado a cabo este proceso de reforma es "un grave atentado a la soberanía popular y al prestigio de las instituciones democráticas".

"Si las instituciones democráticas tienen que seguir sometiendo sus decisiones más importantes a los designios, reales o supuestos, de unas fuerzas tan oscuras e irracionales, que sólo se mueven para obtener beneficios particulares, el deterioro de las mismas será irreversible. ¿Cómo es posible que se argumente así, en sede parlamentaria, para justificar la reforma constitucional?", se preguntan.

Por todo ello, "y desde una profunda convicción, las organizaciones sindicales y sociales convocantes de esta manifestación pedimos a los senadores y senadoras que mañana miércoles deberán votar la reforma constitucional que lo hagan negativamente".