Así se expresó este viernes Javier Arrillaga, secretario general de UFP, quien respondía de esta forma al hecho de que Camacho negase este jueves que se hayan dado “instrucciones” a la Policía para no actuar frente a determinadas actuaciones del 15-M.

A este respecto, Arrillaga se refirió a que esta permisividad hacia los llamados “indignados” comenzó con las movilizaciones previas a las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo. Estas protestas, que se dieron en lugares como la Puerta del Sol de Madrid, habían sido prohibidas por los jueces, pero las Fuerzas de Seguridad no impidieron su celebración.

En este sentido, este representante policial señaló que la “falta de órdenes” y “la permisividad ante comportamientos ilegales” son la prueba de “la inacción del Gobierno de España” ante ciertas actuaciones.

En concreto, este dirigente de la UFP aludió a que los agentes están sufriendo, por parte de miembros del llamado movimiento 15-M, “persecución personal en redes sociales” o la presentación de “denuncias falsas”. Este proceder está afectando a “la imagen de la policía ganada en estos años de democracia mediante la profesionalidad y sacrificio demostrado”.

“El oportunismo político y la falta de protocolos de actuación”, añadió, “han permitido una situación de permisividad que ha envalentonado a quienes nunca han creído en la democracia y que han monopolizado un movimiento social que puede acabar ignominiosamente si continúan con estos comportamientos (del 15-M)”.