Según la disposición adicional aprobada por el Consejo de Ministros, la competencia ejecutiva sobre las facultades de policía de aguas corresponderá a las comunidades autónomas que así lo tengan previsto en sus estatutos de autonomía, como ocurre con Andalucía, Aragón y Cataluña.

De esta forma, los agentes medioambientales de las comunidades autónomas destinados a las comisarías de aguas tendrán el carácter de autoridad pública y estarán facultados para entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en los lugares sujetos a inspección y a permanecer en ellos, con respeto en todo caso a la inviolabilidad del domicilio.

Estos agentes practicarán cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que consideren necesaria para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y sus hechos constatados tendrán la presunción de certeza.

Con esta disposición adicional, el Gobierno cumple las previsiones estatutarias mencionadas en el marco de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional.