El Ministerio Público ya ha incoado diligencias de investigación y a partir de ahora estudiará si los indicios recabados en la denuncia tienen apariencia delictiva. Si se hallaran indicios de delito, la Fiscalía presentaría una querella.

La denuncia se dirige contra la alcaldesa, la concejal Laura Pérez y los miembros de su antiguo gobierno Gala Pin y Laia Ortiz, por supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a entidades que entienden afines a En Comú-Podem.

Entre los receptores de subvenciones figuran la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, que Colau lideró durante la crisis de la económica iniciada en 2008; la Alianza contra la Pobreza Energética, Enginyers sense Fronteres y el Observatorio DESC, en la que trabajó Colau y que recibía subvenciones del ayuntamiento cuando estaba en manos convergentes.

Los denunciantes consideran que Colau y su equipo incurrieron en los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias y citan en su escrito mencionan la advertencia del interventor municipal que alertó de que se había abusado de las concesiones de subvenciones por la vía excepcional y no por concurso público.