Distintas entidades y particulares del ámbito de la discapacidad han presentado en los últimos años diversas denuncias por actos de discriminación.

El Cermi señaló este jueves que el departamento comandado por Pajín "tiene que determinar, tras abrir el oportuno expediente administrativo, si (estas denuncias) constituyen infracciones del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad".

Añadió que, en el caso de que quedase acreditado que estos hechos denunciados vulneren ese derecho, el ministerio "tendría que imponer la oportuna sanción, de acuerdo con la Ley 49/2007".

Subrayó que, a pesar de que en algunos casos estas denuncias llevan dos años presentadas, el ministerio no ha resuelto ninguno de los procedimientos, cuando la legislación marca que el plazo máximo para tomar una decisión es de seis meses.

El Cermi consideró "insostenible" esta situación y exigió al ministerio que ejerza efectivamente las competencias que le atribuye la ley para proteger en sede administrativa los derechos de las personas con discapacidad.