La Carta Magna establece que para que esta reforma sea sometida a referéndum es necesario que el 10% de los diputados o de los senadores lo reclamen.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados, Llamazares argumentó que “no es aceptable que un Parlamento moribundo, que prácticamente tiene ya convocadas las elecciones, decida algo tan importante que afecta a la vida de la gente”.

A su juicio, “la constitucionalización del déficit significaría la amputación del Estado del Bienestar en España”.