“Muy probablemente el decreto se va a tramitar como ley en el Congreso y si hay que hacer algunos ajustes, se harán”, apuntó en entrevista con Telecinco recogida por Servimedia al ser cuestionada si cabe ampliar el colectivo de sectores beneficiarios o si podrían quedarse fuera empresas viables, pero que en el 2019 hubieran presentado pérdidas por eventualidades como la realización de inversiones, ya que la actual redacción excluye a aquellas que acusaron entonces números rojos.

La vicepresidenta económica explicó que la “prioridad” es “que no demos ayudas a empresas que ya estaban en mala situación en 2019” y sí apoyar a aquellas con negocios viables, pero en dificultades por la crisis ocasionada por la pandemia del Covid.

El paquete de 11.000 millones incluye tres actuaciones o fondos: 7.000 millones en ayudas directas para pagar costes fijos que distribuirán las comunidades autónomas; 3.000 millones para reestructuraciones de deudas avaladas por el ICO y un fondo de 1.000 millones gestionado por Cofides para recapitalizaciones en empresas que no reúnan el perfil de compañía estratégica del fondo gestionado por SEPI. Para evitar dar fondos a empresas zombies que vayan a clausurar las ayudas están condicionadas a que mantengan su actividad en junio del 2022, y no tuviesen pérdidas en el 2019.

A la hora de evaluar su viabilidad, Calviño explicó que las declaraciones del impuesto de sociedades ayudarán a “ver cuál es la cuál es la situación patrimonial” y la colaboración con las entidades financieras también contribuirá, ya que “están muy bien situadas también para poder ver” si una empresa que pudo no tener beneficios en el 2019 “es una empresa viable que está bien gestionada”. “Tenemos un conjunto de instrumentos que creo cubren bastante bien el objetivo que es ayudar a las empresas viables que están muy golpeadas por la pandemia”, resumió.

El real decreto ley establece sectores específicos que podrán beneficiarse de las ayudas. Según detalló, se ha recogido a “todos los sectores que están súper protegidos por los ERTE” y se ha ampliado “a otros sectores que hemos visto que, en el mes de marzo, en lo que llevábamos, estaban teniendo más dificultades para recuperarse” y tenían un porcentaje mayor de trabajadores en ERTE. Sin embargo, abrió la puerta a una potencial extensión: “Por supuesto, tenemos que seguir viendo cómo evoluciona la economía y ver si hay que ampliar los sectores y recoger más o menos. Creo que, en general, más bien la tendencia es a incorporar sectores que puedan tener dificultad en estas semanas duras que todavía nos quedan por delante”, indicó.

Al respecto remarcó que la intención del Gobierno es “gestionar bien el dinero público” y “que llegue de verdad a las empresas que lo necesitan”, recordando que las medidas articuladas para ayudar a empresas, autónomos, trabajadores y familias obligarán a aumentar en 150.000 millones de euros la deuda pública y requieren un esfuerzo de los contribuyentes.

Calviño aseguró que España es “de los países europeos que más recursos hemos movilizado en la respuesta a la pandemia”, subrayando que el pasado año desplegó medidas por cuantías equivalentes al 20% del PIB y este año por el 2%. “Estamos por encima claramente de la media de los países”, reivindicó.

En cuanto a la crítica de si se ha retrasado el apoyo directo al empresariado, explicó que se optó “desde el primer momento por primar la protección del empleo y las rentas de las familias” con medidas como los ERTE o los avales del ICO, y “ahora, que empezamos ya a ver la luz y estamos en la fase final de la pandemia, reforzamos esa batería de medidas con ayudas directas a los empresarios para pagar las deudas acumuladas”.

La ministra negó que sea el último país en desplegar ayudas directas para las empresas, indicando que el Gobierno italiano está preparando “un paquete que todavía no han aprobado bastante en línea con lo que nosotros ya hemos hecho”.

También negó desencuentros con Unidas Podemos frente a cómo debía ser el apoyo a las empresas, después de que se apuntase que el socio del Gobierno pedía elevar la cuantía de las ayudas directas frente a la idea inicial de Economía. “En ningún momento hubo esa especie de discusión de cifras”, afirmó taxativa, recordando que ella misma ya apuntó la pasada semana que “esto no es una subasta”.

Calviño refirió que el diseño final del paquete de ayudas fue fruto de un trabajo con el Banco de España, el sector financiero y toda la gente de análisis macroeconómico de Gobierno sobre “qué sectores, qué volumen de recursos es necesario” para cada una de esa batería de medidas de ayudas.

La vicepresidenta se declaró “sorprendida” sobre el debate y sobre la defensa del partido que lidera Pablo Iglesias. “Es verdad que me sorprendió que Unidas Podemos se posicionará en esa dinámica de tan fuerte defensa de los empresarios”, deslizó, dando su bienvenida a dicha posición. “Yo valoro positivamente el hecho de que en el conjunto del Gobierno seamos tan claramente conscientes del importante papel que juegan las empresas y el sector financiero en la economía de nuestro país”, añadió.

En cuanto a los criterios de reparto de los fondos a las comunidades autónomas recordó que son los mismos aplicados para repartir los 8.000 millones de euros del fondo europeo React-UE y que incorporan parámetros como la caída del PIB, aumento del desempleo general y del desempleo juvenil, lo que los hace “criterios muy objetivos”.