Además de ocho detenidos y 11 heridos (dos de estos últimos, policías), varios periodistas fueron retenidos, insultados y en algún caso golpeados por agentes mientras cumplían con su obligación de informar, según denuncia el SPM.

Para la Junta Ejecutiva del SPM, las denuncias de esos periodistas y las imágenes difundidas a través de Internet "justifican sobradamente que el ministro del Interior, Antonio Camacho, ordene una investigación para aclarar lo ocurrido y, en su caso, depurar las responsabilidades que correspondan".

El SPM lamenta que cada vez sean más frecuentes las denuncias de informadores que ven obstaculizado su trabajo por parte de algunos polícías en manifestaciones y otros actos.

A su juicio, el Ministerio del Interior y todas las instituciones públicas "tienen la obligación de dar una respuesta clara y contundente a favor del derecho de información, lo que les obliga a facilitar el trabajo de los periodistas para que ese derecho pueda ser una realidad".

Para el SPM, limitar de manera injustificada el trabajo de los periodistas "es un ataque a la libertad de la ciudadanía que no puede ser consentido en un estado social y democrático de Derecho como es España".