Así lo precisaron, en declaraciones a Servimedia, la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales en OCU, Ileana Izverniceanu; el presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios – CECU, Fernando Móner, y el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, coincidiendo con la conmemoración, este lunes, del Día Mundial de los Derechos del Consumidor.

Con respecto al consumo responsable, tanto OCU como CECU se han sumado este año a la campaña para reducir el consumo de plásticos promovida por la organización Consumers International y, a este respecto, Ileana Izverniceanu recordó la necesidad de que los gobiernos implementen medidas para “frenar y reducir” la contaminación derivada de su utilización que, lamentó, se ha convertido en un “problema global”.

Tras puntualizar que dicha campaña internacional defiende la necesidad de reemplazar, replantear, rechazar, reducir, reutilizar, reciclar y reparar para conseguir “entre todos un mundo sostenible”, la portavoz de la organización española recordó que OCU “reivindica desde hace tiempo” un consumo sostenible y pide “herramientas” para que los consumidores puedan adoptar “decisiones sostenibles reales”.

Junto a ello, explicó que también está “muy interesada” en el impulso a la figura del consumidor vulnerable en la ley de protección de los consumidores, auspiciada por el Ministerio de Consumo y que, a su entender, es “un gran éxito del que OCU se siente responsable”.

“Debemos trabajar, sin duda, en una protección reforzada para garantizar los derechos de los mayores, los menores, quienes sufren algún tipo de discapacidad o aquellos que, por su lugar de residencia, tienen problemas de acceso a los servicios básicos”, sentenció.

MÁS DEMANDAS

En la misma línea, el presidente de CECU defendió la urgencia de reducir el uso de plásticos, tal y como promueve la organización a través de su iniciativa ‘Reduce y suma’, que “anima” al usuario a disminuir la compra de artículos que generen este tipo de residuos y a que se “sume” al “reto” de reducir la producción y el consumo de este elemento.

Asimismo, también llamó a proteger al consumidor vulnerable, figura que, según Móner, ha “florecido” como consecuencia de la actual “crisis profunda” que atraviesa la sociedad a causa de la pandemia.

En este punto, subrayó que esta figura que ya está “empezando a conceptuarse” desde el punto de vista normativo, también va a requerir una “especial protección desde el punto de vista real” debido a la crisis “tan profunda” que se vive actualmente.

En tercer lugar, urgió a buscar el “equilibrio nutricional” a través de la modificación de aspectos “tan relevantes”, a su entender, como los contenidos incluidos en el etiquetado de los productos para hacerlos “mucho más transparentes” y que puedan ser “perfectamente interpretados” por la ciudadanía, por lo que también abogó por mejorar la “formación e información” a los consumidores en esta materia con el fin de favorecer la protección de su salud.

CONTROL DE MERCADO

Por su parte, el secretario general de Facua demandó un mayor y mejor control de mercado, convencido de que existe un “abandono enorme” por parte de las administraciones con responsabilidades en este ámbito que, según su criterio, “deja muy desprotegidos a los consumidores y traslada una sensación de total impunidad” a las empresas que "viven del fraude".

“Hay poco control y cuando se desarrollan prácticas sancionadoras las multas no suelen trascender y, además, son de muy reducida cuantía”, abundó, al tiempo que lamentó que las “pocas” veces que las administraciones sancionan “son muy blandas a la hora de aplicar las leyes” y apostó por “reformar” la normativa en algunos sectores para “endurecer” el marco sancionador.

En este sentido, criticó que el Ministerio de Consumo no tenga atribuida una potestad sancionadora, por lo que exigió una reforma en la ley de de defensa de los consumidores para que este departamento “de protección al consumidor” tenga capacidad para imponer multas y “castigar” a aquellas empresas que cometan fraudes en el conjunto del territorio nacional y que trasciendan de una provincia o comunidad autónoma.

En este punto, reivindicó un nuevo marco competencial que permita a Consumo asumir esa responsabilidad de forma “compartida” con las administraciones autonómicas, convencido de que estas últimas “deberían multar fraudes que se den solo en sus territorios". Cuando trasciendan a más de una comunidad, debe haber una coordinación con el ministerio para que este fuera quien pusiera una multa proporcional al número de consumidores afectados”, sentenció.

Por ello, emplazó al gabinete de Alberto Garzón a “pedir esa competencia” así como un cambio legal “de calado” para aumentar la capacidad del Ejecutivo central de proteger a los consumidores.