Esta publicación del acuerdo, que según informa el Ministerio de Asuntos Exteriores entró en vigor el pasado 4 de marzo, persigue la eliminación del fraude fiscal y los efectos perjudiciales derivados de las características del régimen fiscal de Gibraltar.

España finalizó los trámites para su ratificación tras haber sido autorizada su firma ad referéndum por el Congreso de los Diputados, en su sesión extraordinaria de 15 de julio del año pasado, y por el Senado en su sesión de 23 de septiembre de 2020, según el comunicado de Exteriores.

Asimismo, el acuerdo establece reglas claras para resolver más fácilmente los conflictos de residencia fiscal de las personas físicas y así evitar la utilización de sociedades sujetas al régimen fiscal de Gibraltar por residentes fiscales en España o para la realización de actividades económicas en España.

El acuerdo se constituye, por tanto, en una herramienta eficaz en la lucha contra la evasión fiscal y crea los instrumentos necesarios para tal fin. Hasta ahora no se contaba con un instrumento jurídico de esta entidad en defensa de los intereses de la Hacienda española.

Exteriores remarca en el comunicado que, tal y como se señala en el propio texto del acuerdo, esto “no supone cambio alguno” con respecto a la posición española en cuanto a la soberanía y jurisdicción en relación con Gibraltar.