En un comunicado, el presidente de la Mesa del Turismo, Juan Molas, recordó que ya avisó de que serían necesarios “como mínimo” 40.000 millones de euros y los 7.000 millones aprobados en ayudas directas, del paquete total de 11.000 millones, se queda “corto en relación a las necesidades reales” pese a que “fuera de justicia concederlas”. Incidió en que las empresas del sector turístico se enfrentan a la “supervivencia” en este año.

La Mesa del Turismo, que representa a más de 70 empresarios del sector, destacó que la crisis está afectando a algunos subsectores en mayor medida que a otros, como es el caso de las agencias de viajes -de 9.500 que existen en España, cerca de 5.000 están cerradas-, o la hostelería, con bares y restaurantes que acumulan pérdidas superiores a los 67.000 millones de euros en relación a 2019, según indicó la organización.

“Hay que pararse a pensar, sin ir más lejos, que las ayudas directas aprobadas apenas representan el 10% de las pérdidas que tan sólo el subsector de la hostelería arrastra en el último año”, apostilló Molas.

La asociación reclamó un plan a medio y largo plazo consensuado con el sector “y no medidas cortoplacistas y anunciadas con gran aparato político, pero que acaban por ser una gota de agua en el océano de la crisis” que para el sector se alargará durante “varios años”.

Molas subrayó la necesidad de un plan que integre las ayudas económicas, la vacunación, el pasaporte sanitario, la habilitación de corredores aéreos o los acuerdos bilaterales con los principales mercados emisores europeos. “Y todo esto, que no se ha hecho hasta el momento, se tendría que llevar a cabo en coordinación con el sector turístico privado”, añadió.

El paquete de 11.000 millones se distribuye en 7.000 millones en ayudas directas, de las que 2.000 millones se destinarán a los sectores más golpeados por la crisis en Baleares y Canarias, y 4.000 millones que se dividirán en 3.000 millones para un fondo de reestructuración de deudas financieras avaladas por el Instituto de Crédito Oficial y 1.000 millones para el fondo de apoyo a la solvencia de empresas que gestionará la empresa pública Cofides.

Podrán acceder a estas ayudas empresas y autónomos que hayan visto mermados sus ingresos en, al menos, un 30%, y servirán para pagar gastos fijos tales como deudas con proveedores y a otros sector financieros y no financiero.