Los trabajadores de la chatarra, que en su inmensa mayoría son gitanos e inmigrantes, explican que la nueva ley les obliga a registrarse como autónomos para ejercer su actividad, lo que, apuntaron, implica "el pago de un impuesto de 300 euros mensuales".

“Nosotros solo ganamos 30 o 40 euros diarios, no podemos permitirnos pagar ese dinero, porque ni siquiera lo ganamos. Lo que pretende esta ley es hacernos desaparecer, porque la chatarra es lo que nos hace sobrevivir”, declararon desde Faccali. “El Gobierno tiene oscuros intereses recaudatorios y a las clases bajas nos está machacando”.

Los chatarreros, que no pagaban ningún tributo por su actividad hasta la entrada en vigor de la citada ley, aseguran que no piden seguir exentos de pagar impuestos por su labor, sino “el establecimiento de un impuesto para transportar residuos sólidos”, que ascendería a 42 euros al año, y así poder seguir con su actividad.

LA CHATARRA, DE LOS AYUNTAMIENTOS

“Con la nueva ley, la chatarra será propiedad de los ayuntamientos, y serán ellos los que ganen dinero por su venta a empresas de fundición”, indicaron desde Faccali.

Lisardo Hernández calculó que, solo en la Comunidad de Madrid, “aproximadamente entre 3.000 y 5.000 familias dependen del negocio de la chatarra para sobrevivir”. Anunció que pedirán a la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que les reciba, y agregó que le preguntará “¿por qué los humildes son los más golpeados y pisados, por qué tenemos que pagar siempre los mismos?”.

Además, añadió que “si el Gobierno no deroga la ley, acamparemos delante del Ministerio”. “Las próximas elecciones generales votaremos a los que nos ayuden”, avisó.

“Vamos a guerrear, vamos a luchar y vamos a vencer”, concluyó el representante de los chatarreros y del colectivo gitano al finalizar la manifestación, que discurrió desde la glorieta de la Cibeles hasta la Puerta del Sol.