“El hecho de que la Ley Rider se haya acordado sin nosotros es inadmisible y una vergüenza”, denunciaron ambas asociaciones, declarando abiertamente que se sienten “enfadados” y calificando el texto de “ley antiRider”.

El portavoz de RepartidoresUnidos.org, Gustavo Gaviria, explicó que han enviado “peticiones de reunión hasta siete veces y hemos salido más de 2.000 personas a la calle en tres ocasiones para expresar que no estamos de acuerdo, y que esto tendrá un impacto muy negativo para nosotros”. “Y nadie nos ha escuchado”, criticó.

Por su parte, el presidente de APRA, Jordi Mateo, anunció que, “si queda algo por hacer, seguiremos insistiendo”, ya que “esto no es la Ley Rider, es la Ley anti Rider”.

Desde RepartidoresUnidos.org y APRA están a la espera de conocer el documento final para comprobar si la normativa se aprobará por “decretazo” o por trámite parlamentario para dirigirse a los diputados “para que comprendan que su NO es el último salvavidas de todo el sector de repartidores”.

Según ambas plataformas, el acuerdo de ley alcanzado “dejará muchos repartidores sin trabajo”, en alusión a aquellos “que realmente son autónomos y que tienen varios trabajos como tal”, lo que “lo combinan con otro proyecto o la familia” o “lo han utilizado para entrar al mercado laboral porque en todas partes les decían que no”, junto a “aquellos que acaban de llegar al país y tienen muchas puertas cerradas”. “Todos estos, fuera a la calle”, alertaron.

La normativa acordada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme obliga a dar carácter de salariado a los trabajadores dedicados al reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía a través de plataformas digitales.

La decisión acordada permitirá así la laboralización de las personas trabajadoras que prestan sus servicios a través de las plataformas digitales de reparto, en línea con la sentencia del Tribunal Supremo, que buscaba atajar los falsos autónomos.