En declaraciones a los periodistas antes de clausurar el curso “La última reforma”, en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), indicó que “la libertad de expresión está por encima de cualquier circunstancia” y añadió que “solamente acercarse a hablar con determinadas personas que tienen un problema penitenciario no debe considerarse como síntoma de nada”, aunque matizó que “otra cosa es que hubiera una apología del terrorismo”.

De esta forma, sobre la legalidad del partido Bildu explicó que “la ley establece que no solamente se puede ilegalizar un partido previamente porque sus estatutos y actuaciones estén contra esa ley” sino que también se puede hacer con “posterioridad”, por lo que dijo que la fiscalía y los tribunales “actuarán cuando haya un informe de la policía o de la guardia civil que determine que ha habido una actuación contraria a la ley”.

LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

Asimismo, aseguró el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “no saldrá adelante” lo que consideró una “lástima”, ya que “es la única gran ley procesal que no ha sido modificada y que relmente es necesaria su modificación” para “dilucidar de una manera realmente clara quien le va a corresponder la instrucción, si al juez o al fiscal”.

Otros de los puntos que destacó del anteproyecto fueron la capacidad de “determinar todo lo referente a la redistribución de las libertades de los derechos fundamentales de todas las personas que puedan verse involucradas en algún proceso”, la regulación de la acción popular y de la segunda instancia penal.

Por ello, expresó su deseo de que “en la próxima legislatura tengamos una Ley de Enjuiciamiento Criminal”, ya que, según dijo, es “absolutamente prioritario” establecer una ley que de seguridad jurídica puesto que desde la Constitución de 1978 “ha tenido que estar regulada mediante sentencias del Tribunal Supremo (TS) y el Tribunal Constitucional (TC).

COMPETENCIAS

Por otro lado, sobre la petición de devolver competencias al Estado por parte de algunas comunidades autónomas, señaló que es “absolutamente partidario del Estado de las Autonomías”, ya que “los servicios públicos esenciales se gestionan de mejor manera cuanto más cerca están del ciudano”.

A su juicio, el debate no debería girar en torno a la devolución, sino que hay que trabajar en “la gestión de los servicios públicos”, delimitando “de manera clara” las competencias y con “una gestión que tenga como objetivo el ciudadano”.

JUSTICIA

El vicepresidente del CGPJ calificó de “imprescindible” un pacto de estado entre las dos principales fuerzas políticas, PP y PSOE, para impulsar mejoras en la justicia, la cual “no puede estar en baibenes de carácter político” sino que “es la gran reforma pendiente que existe en España” y “debe ser uno de los objetos de debate fundamental en la campaña electoral y en la legislatura que viene”.

Por último el vicepresidente del CGPJ se refirió a las reformas del Código Penal, de las que dijo que “no hay ningún problema en que las leyes sean modificadas” pero “hay que hacerlo siempre con un espíritu de continuidad” y evitar que “sean motivadas por acontecimientos concretos o motivos partidistas”.