Mientras que la senadora socialista Esther Carmona dijo que "hoy es un día histórico en nuestro país porque gozamos de un nuevo derecho, porque con esta ley nos convertimos en un país más justo, que hace suyo el padecimiento de todos y desea dejar atrás el sufrimiento injusto e innecesario", Antonio Román, del PP, calificó la norma de "dudosa constitucionalidad" que "estigmatiza" a personas mayores, enfermos y personas con discapacidad a los que se les "invita" a poner fin a su vida.

El senador de Vox José Manuel Marín denunció, por su parte, que "nadie tiene derecho a provocar la muerte de un semejante gravemente enfermo, ni por acción ni por omisión". Y acusó al Gobierno de querer "instaurar la industria de la muerte".

ERC, Ciudadanos, Geroa Bai, Junts per Cat y PNV reprocharon al Gobierno la "deficiente tramitación" de esta proposición de ley.

La ley, que podría ser aprobada definitivamente la próxima semana en el Congreso de los Diputados, distingue entre dos tipos de eutanasia: la activa, que consiste en la administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente; y el suicido asistido, que aunque no lo define así consiste en que un profesional sanitario le recete al paciente una sustancia que le cause la muerte y que él mismo pueda tomarse.

Los profesionales sanitarios podrán hacer objeción de conciencia para no practicar la eutanasia y la Administración estará obligada a crear un registro de estos profesionales objetores, que será confidencial.

Si el paciente es consciente debe solicitar la eutanasia dos veces por escrito con un lapso de tiempo entre una y otra vez de al menos 15 días y con la alusión expresa de que no es el resultado de "ninguna presión externa".

Estuvieron presentes en la Cámara Alta familiares de Maribel Tellaetxe, enferma de alzhéimer que murió en 2019 sin que se le pudiera aplicar la eutanasia, y Ángel Hernández, esposo de María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple, a la que ayudó a morir.