Según informó el Gobierno este martes, recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña del 12 de febrero, favorable a sus principales pretensiones al otorgar la propiedad del pazo a Patrimonio del Estado, pero que "reconoce a los herederos del dictador el derecho a recibir una indemnización por los gastos en los que incurrieron cuando ostentaban la propiedad del inmueble".

Explica que la Abogacía del Estado ha realizado un estudio detallado de los fundamentos de la sentencia que ha permitido apreciar "errores de interpretación o alteraciones sobre las pretensiones ejercitadas en la demanda".

"La sentencia afirma erróneamente que la Administración General del Estado había reconocido en su demanda la buena fe de los herederos del dictador y de ahí se extraen una serie de conclusiones que no se corresponden con la realidad. La eventual corrección de estos errores y la necesaria interpretación del Tribunal Supremo permitirán sentar con claridad y precisión las bases para la posterior liquidación del estado posesorio", asegura el Gobierno.