La normativa modificará la ley previa sobre la misma materia aprobada en abril del 2010 con la trasposición de la conocida como Quinta directiva europea, aprobaba en el 2018, y que ya provocó que Bruselas reprendiese a España por el retraso.

Entre las novedades que incorporará la ley por la directiva figura la inclusión de nuevos sujetos obligados que deberán cumplir con las medidas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, como los proveedores de servicios de monedas virtuales.

Entre ellos se incluye tanto a los servicios de cambio de moneda virtual por moneda de curso legal o viceversa, como aquellos otros de cambio entre monedas virtuales; también estarán sujetos a las normas de control contra el blanqueo los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos o de salvaguardia de claves.

Su inclusión les obligará a estar registrados y serán supervisados por las autoridades. Esta decisión se enmarca dentro de la preocupación que despierta entre las autoridades el anonimato con el que se realizan las operaciones con monedas digitales por el riesgo que ello entraña de poder amparar operaciones irregulares.

Otra de las novedades es que se reforzará el sistema de identificación de los titulares reales de las personas jurídicas creando un sistema registral único que incluirá la información de los titulares reales ya existente en el Registro Mercantil y en las bases de datos notariales.

También obligará a registrar los trust y entidades de naturaleza similar que operen en nuestro país y de sus titulares reales. La intención final es evitar la ocultación de sociedades o personas bajo estructuras societarias opacas para realizar actividades ilícitas.