Según informó el Ministerio de Justicia, la disposición aprobada sustituye el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, que aprobó el Reglamento actualmente vigente.

Este ministerio explicó que “la nueva norma promueve la igualdad de acceso de toda persona a la justicia, mediante la modernización del sistema y mejora de la calidad del servicio de asistencia jurídica gratuita”, recogido en el artículo 119 de la Constitución española, para aquellas personas que acrediten insuficientes recursos para litigar.

Con esta reforma, “se adecúa el sistema actual de asistencia jurídica gratuita al ordenamiento jurídico vigente y da respuesta a continuas demandas de la abogacía que buscan la mejora en la calidad de este servicio”.

La nueva norma determina, como regla general, el pago mensual de la subvención de asistencia jurídica gratuita, agilizando el pago de estas actuaciones, que hasta ahora se tenían una periodicidad de pago trimestral. En este sentido, el departamento que dirige Juan Carlos Campo destacó que “el cobro más inmediato por parte de abogados y procuradores repercutirá en la mejora del servicio para la ciudadanía”.

CONSEJO ESTATAL

Además, el Reglamento establece que la subvención de asistencia jurídica gratuita se aplicará, también, a los honorarios dejados de percibir por aquellos profesionales del turno de oficio que hayan prestado el servicio, cuando el expediente no haya obtenido el beneficio por insuficiencia de documentación.

El decreto aprobado este martes por el Gobierno también contempla la Creación del Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita, para una mayor armonización en la prestación de este servicio mediante la cooperación y creación de un punto de encuentro entre instituciones. Con ello, se armonizan, unifican y ponen en común prácticas y criterios de actuación en el ejercicio de este servicio público.

Formarán parte del Consejo Estatal los Ministerios de Justicia, de Política Territorial y Función Pública, las comunidades autónomas con competencias asumidas en materia de Administración de Justicia y los operadores judiciales prestatarios del servicio de asistencia jurídica gratuita (Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España).