Tras la reunión del Ejecutivo, su vicepresidenta y portavoz, Cristina Teniente, anunció en rueda de prensa que la Junta tiene previsto contratar con carácter de urgencia una auditoría externa para conocer la situación de las empresas públicas y la relación coste-beneficio de cada una de ellas con el fin de analizar hasta qué punto estas entidades “pueden estar compitiendo con el sector privado”.

Explicó que esta medida se enmarca en la política de reestructuración y austeridad que lleva a cabo el gobierno regional y que tiene entre sus objetivos el de “simplificar y abaratar el sector público empresarial”.

Además, Teniente señaló que se va a remitir una circular a todas las consejerías de la Administración regional mediante la que se restringe el uso de vehículos oficiales “a actos oficiales, reuniones de trabajo y comisiones de servicio” tanto para altos cargos como para funcionarios.

Puntualizó que “la asignación personalizada de vehículos oficiales queda restringida solamente a los miembros el consejo de gobierno y se recomienda su uso compartido”, al tiempo que anunció también la intención del Ejecutivo de regularizar la situación del alquiler de plazas de aparcamiento de coches oficiales, que Cristina Teniente cuantificó en un total de 130 alquileres, todo ello, asimismo, con la intención de abaratar costes.

Por otra parte, y aunque expresó su deseo de no “entrar en una guerra de cifras”, la vicepresidenta y portavoz señaló que, una vez analizado el listado del personal eventual después de los ajustes realizados por al anterior gobierno, el gasto en este capítulo se cifra en más de 7 millones de euros, y reiteró la intención del Ejecutivo de “adelgazar” a la mitad la nómina de trabajadores eventuales, algo que, apostilló, se hará público “en un ejercicio de transparencia”, al igual que ocurrirá con los datos relativos a los vehículos oficiales.