Según el portavoz de Asuntos Sociales de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, este acuerdo debe orientarse a garantizar la financiación "necesaria" y alcanzar un gasto estable en políticas de atención a la dependencia del 1,2% del PIB.

En concreto, la moción, consecuencia de interpelación, insta al Gobierno "a promover un amplio acuerdo político y social, con participación de las distintas administraciones públicas y de los agentes sociales y económicos, para garantizar la sostenibilidad futura del sistema, la mejora de la política de atención a la dependencia y de apoyo a sus familias y la promoción de la autonomía personal".

Según el texto, dicho acuerdo debería contemplar una revisión de la prestación por cuidados en el entorno familiar, el impulso a la colaboración público-privada, el desarrollo de las prestaciones sociosanitarias y el impulso a las políticas de prevención.

Finalmente, insta al Ejecutivo a presentar antes de finales de septiembre un balance del desarrollo de la Ley de la Dependencia y un informe sobre el gasto total en servicios y prestaciones sociales de la Administración General del Estado, de la Seguridad Social, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales.