Facme hizo esta consideración tras conocer el acuerdo alcanzado la semana pasada por Ministerio de Sanidad y CCAA para obligar a los médicos a prescribir por principio activo y tratar así de reducir la factura farmacéutica de la sanidad pública.

La entidad solicita, por tanto, el máximo respeto a la libre prescripción para indicar y proporcionar al paciente la mejor opción de tratamiento posible, en función de sus características clínicas, siguiendo los protocolos que elaboran las sociedades científicas y respondiendo a los criterios de seguridad "y eficacia y, cuando sea posible, al menor precio".

La federación asegura que es consciente en estos momentos de crisis de la importancia de impulsar políticas que contribuyan a controlar el gasto sanitario y favorezcan el uso más eficiente de los recursos públicos y que por eso manifiesta su disposición a contribuir en este proceso de búsqueda de iniciativas que preserven la calidad de la asistencia.

Sin embargo, afirma que "no es admisible" que se cambien los tratamientos prescritos por equivalentes terapéuticos ni se sustituya un medicamento por otro "atendiendo a motivos economicistas", ya que puede afectar al seguimiento y cumplimiento de la terapia y generar confusión, en especial en los colectivos más vulnerables como el de personas mayores.