En el acuerdo se señala que, desde el punto de vista competencial, y de acuerdo con el artículo 3.1 de la Constitución, el castellano es la lengua oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla así como el derecho a usarla.

Agrega que, en cuanto a las demás lenguas españolas, su apartado 2 señala que serán también oficiales en sus respectivas comunidades autónomas. Pero, apostilla, "la norma resulta contraria a la Constitución en la medida que declara el carácter preferente del aranés".

El Gobierno también considera que una Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña no puede entrar a regular el uso de las lenguas cooficiales en la Administración General del Estado en la instrucción de sus procedimientos administrativos. Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya ha declarado inconstitucional ese carácter preferente de la utilización de la lengua cooficial, concluye.