Caamaño explicó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que esta reforma que se plantea permitirá que en España exista un funcionamiento judicial “más ágil, más eficaz y con mayor flexibilidad”.

Según Justicia, el proyecto aprobado dará paso a una nueva organización judicial, “que optimizará los recursos humanos y materiales, racionalizará el trabajo y permitirá la asignación de efectivos en función de necesidades concretas”.

En la nueva organización, que se acomoda al esquema de la Nueva Oficina Judicial, los servicios que originariamente asistían a los distintos juzgados asistirán ahora al conjunto de jueces y magistrados integrados en un tribunal de instancia. De este modo, el incremento de jueces podrá producirse con independencia del resto de personal asistente, lo que proporcionará mayor rapidez y evitará costes innecesarios.

Asimismo, se modifica la Ley de Demarcación y de Planta Judicial para la creación de los Tribunales de Instancia, de manera que se habilita al Gobierno para que pueda proceder a la adecuación de la planta judicial.

Además, se concede un plazo de tres años, desde la entrada en vigor de la ley, para proceder a la constitución e implantación de los nuevos tribunales de instancia, lo que deberá producirse de forma escalonada mediante la integración en los mismos de los actuales órganos unipersonales de cada partido judicial.

Según Justicia, la creación de los Tribunales de Instancia no supone coste económico, sino al contrario, ya que se ganará en eficiencia y se acortarán los tiempos de espera.