CORRUPCIÓN. EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN TACHA DE "INSIDIOSAS" LAS INFORMACIONES QUE LE IMPLICAN EN LA TRAMA GÜRTEL

- Reitera que el procedimiento de adjudicación de la variante Olleros de Alba (León) es “absolutamente impecable”

VALLADOLID
SERVIMEDIA

El presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, calificó hoy de “insinuaciones insidiosas e infundadas” las informaciones aparecidas en el diario El País que le implican en la adjudicación presuntamente amañada de la Variante de Olleros de Alba (León) a la trama Gürtel y reiteró que el procedimiento administrativo es “absolutamente impecable”.

Según la información del rotativo un nuevo informe de la Brigada Policial de Blanqueo, remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, implica al ex consejero de Fomento y actual presidente de las Cortes en la adjudicación supuestamente amañana de la variante a la empresa Teconsa. Así, la constructora, de origen leonés, pagó 72.000 euros de comisiones a Francisco Correa, quien distribuyó el dinero, conforme a la misma información, entre cargos del PP, entre ellos, al ex tesorero popular Luis Bárcenas.

En una breve nota de prensa, el presidente de las Cortes, que ocupaba el cargo de consejero de Fomento de la Junta cuando se realizó la adjudicación de la variante, aseguró que el expediente administrativo de esta obra quedó “aclarado y detallado” en la sesión de la Comisión de Fomento celebrada el 3 de abril de 2009.

En esa sesión, según explicó, el actual titular de Fomento, Antonio Silván, destacó la legalidad del expediente de adjudicación de la variante de Olleros de Alba y aseguró que está avalada por el Tribunal de Cuentas del Reino de España en su informe anual del ejercicio 2002, que no recoge reparo alguno en la tramitación del mismo.

El consejero de Fomento incidió entonces, según Fernández Santiago, que el expediente pasó por todos los trámites de fiscalización, tanto la Intervención General de la Administración de la Comunidad, la Mesa de Contratación (con la Intervención Delegada y la Asesoría Jurídica), y el Tribunal de Cuentas del Reino de España, que “avalan con sus informes la total limpieza” del mismo.

El expediente, según las explicaciones ofrecidas en las Cortes, inició la tramitación el 10 de julio de 2002, el 1 de agosto se autorizó la celebración del contrato de obras, el 18 de septiembre se fiscalizó y el 19 de ese mes se aprobó la contratación y la apertura del procedimiento de adjudicación.

(SERVIMEDIA)
06 Oct 2009
CDM/isp