En un comunicado, la confederación Plena inclusión España agradeció al Ministerio de Justicia la sensibilidad mostrada en este terreno.

Junto al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), esta organización, que representa a más de 900 asociaciones de personas con discapacidad intelectual y sus familias, se reunió con responsables del Ministerio de Justicia para exponer las aportaciones del sector al citado anteproyecto de ley.

Entre ellas, pidieron que el texto incorpore la definición de discapacidad conforme al enfoque de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la obligación de garantizar la accesibilidad en todas las actuaciones del procedimiento judicial, el concepto de necesidades de apoyo y el reconocimiento del derecho a los ajustes de procedimiento como parte del derecho a un juicio justo.

También reclamaron al Ministerio apoyar la toma de decisiones y lograr el pleno desenvolvimiento jurídico de la persona en condiciones de igualdad, “asegurando que los profesionales que presten apoyo actúen atendiendo a la voluntad, deseos y preferencias de quien lo requiera”; habilitar equipos multidisciplinares de facilitadores para la determinación de necesidades de apoyo y provisión de ajustes de procedimiento y colaboración con el resto de operadores jurídicos, y asumir la necesidad de revisión de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la regulación de la figura del psicólogo forense.

Finalmente, Cermi y Plena inclusión defendieron que la nueva ley asegure que los profesionales de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) tengan formación específica en discapacidad y psicología del testimonio.