La medida pretende dar una respuesta penal y asistencial a las víctimas de accidentes y es el resultado de un acuerdo con los mandos de las Policías Judiciales de Tráfico estatales (ATGC) y autonómicas.

En concreto, la Fiscalía pedirá prisión para los conductores que hayan provocado el fallecimiento o lesiones graves a terceros cuando las causas sean el exceso de velocidad o un mal adelantamiento.

También se pedirá la imputación a aquellos cuyo motivo de distracción fuera el teléfono móvil y a los que no respeten la distancia de seguridad. En este sentido, la Fiscalía considera un delito grave el hecho de "generar una situación de tensión o acoso al que precede en la circulación".

Por último, Vargas informó de que también pedirá la imputación por homicidio imprudente al conductor que haya provocado un accidente por quedarse dormido al volante, ya que, a su juicio, "si uno se duerme, es porque no ha parado cuando detectó el sueño y ha seguido conduciendo asumiendo un riesgo".

El acuerdo con la Policía Judicial de Tráfico incluye también distintas fórmulas para ofrecer una respuesta asistencial inmediata a las víctimas y un operativo especial para perseguir los delitos más graves en la operación salida y retorno de este verano.

En este sentido, Vargas quiso lanzar un mensaje al conductor que cogerá el coche durante estas vacaciones: "cuando va con el móvil, cuando se pega a 130 kilómetros por hora al de delante (...) y cuando, por el azar y sin que él lo haya pensado antes, produce la muerte o lesiones graves a otro conductor, que sepa que se enfrenta a una pena de entre uno y cuatro años de cárcel por homicidio o de entre tres meses a tres años por lesiones graves. El fiscal actuará con la ley en la mano para proteger a la mayor parte de los conductores que sí respetan las normas de tráfico", aseguró.