Esta enmienda fue duramente criticada en rueda de prensa por los representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Unión de Oficiales (UO), la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil (ASES) y la Unión de Guardias Civiles (UO).

Estas asociaciones anunciaron que se manifestarán a partir de octubre contra la restricción de su derecho de manifestación. Además, aseguraron que apelarán al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Estrasburgo si el Gobierno insiste en prohibir la marcha.

También anunciaron que guardias civiles y sus familias protestarán sobre este asunto en actos electorales que organice el candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.

La enmienda que rechazan los guardias civiles está previsto que sea aprobada definitivamente este jueves en el Congreso, después de que socialistas y populares la introdujeran en el Senado. Esta modificación impedirá que los guardias civiles pidan la ayuda de los tribunales cuando las delegaciones del Gobierno les prohíben una manifestación.

“GOLPE INSTITUCIONAL”

Alberto Moya, secretario general de AUGC, calificó la enmienda pactada por socialistas y populares como “auténtico golpe institucional” y “grave error jurídico y político”.

Además, señaló que es llamativo que se les impida manifestarse mientras se legalizan “partido proetarras” como Bildu y se excarcela a terroristas.

Por este motivo, Moya anunció que las cuatro asociaciones que daban la rueda de prensa se manifestarán a partir de octubre, una vez haya entrado en vigor la normativa militar con la que socialistas y populares quieren equiparar a los miembros de la Benemérita.

Por su parte, Francisco García, presidente de la UO, calificó la enmienda como “insólito recorte de derechos fundamentales” e indicó que el derecho de manifestación de los guardias civiles no perjudica la seguridad de los españoles. Añadió que lo que sí constituye un peligro es la falta de medios en el Instituto Armado y el hecho de que Bildu esté en las instituciones.