El escrito, presentado el pasado viernes ante el juzgado de Garzón, fundamenta su petición en el hecho de que, tras tres años de investigación, todavía no se ha podido identificar con certeza a los presuntos autores de la llamada que alertó de la operación judicial.

“Se ha venido investigando de manera ininterrumpida una filtración a miembros de una red de extorsión vinculada con ETA, filtración llevada a cabo por persona cuya identidad no ha quedado acreditada”, señala el escrito

En esta causa, que se ha mantenido secreta hasta ahora, están imputados el que fuera director general de la Policía Nacional Victor García Hidalgo así como un agente de Vitoria y otro de Bilbao.

El Ministerio Público subraya que no se ha podido demostrar la participación de estas tres personas en el chivatazo. De hecho, el propietario del bar Faisán, Joseba Elosua, receptor del citado chivatazo, no fue capaz de reconocer ni a la persona que supuestamente le entregó un móvil antes de la operación policial ni al individuo que le advirtió por teléfono de la inminente redada.

El chivatazo se produjo el 4 de mayo de 2006, poco antes de que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que sustituía a Garzón, ordenase la operación antiterrorista contra el bar Faisán, donde los empresarios extorsionados acudían a entregar el dinero reclamado por ETA.

Finalmente, la operación contra el aparato de extorsión de ETA se llevó a cabo con éxito un mes más tarde, el 20 de junio de 2006, con la detención de doce personas, cinco en España –entre ellas Elosua- y siete en Francia.

HIPÓTESIS DESCARTADA

La Fiscalía indica que del análisis de las llamadas realizadas ese día sólo puede llegarse a una “hipótesis incriminatoria” que “carece de aval probatorio para sustentar una tesis acusatoria” y que no se ha visto refrendada por ningún otro indicio.

Esta hipótesis se basa en en el hecho de que sobre las 11.00 horas del 4 de mayo de 2006 el entonces jefe superior de Policía del País Vasco llamó a un inspector de la Brigada de Información en Vitoria. Ese mismo día habló también con el propio García Hidalgo.

Según esta tesis policial, descartada por la Fiscalía, la persona que entregó un teléfono móvil a Elosua fue el inspector de la Brigada de Información y la persona que le advirtió fue el propio jefe Superior de Policía del País Vasco, ambos actuando por oden de García Hidalgo.

Para el Ministerio Público, esta tesis necesita “de algún elemento adicional de prueba que corrobore que el contenido de la conversación es la que afirman los investigadores (policiales), descartándosa cualquier otra hipótesis o posibilidad”.

El propio Elosua, el único testigo directo de la llamada, si bien reconoció el contenido de la conversación, negó ante Garzón que el mencionado inspector de la Brigada de Información fuese la persona que le entregó el móvil. De hecho se llegó a celebrar una rueda de reconocimiento en la que Elosua no indentificó al funcionario policial.

“La deducción incriminatoria es todavía más inconsistente cuando atribuye al ex director genera de la Policía la participación en tales hechos”, concluye el escrito.

Por lo tanto, “agotada la investigación y no concurriendo claros indicios incriminatorios que acrediten la participación de persona alguna en los hechos”, la Fiscalía solicita a Garzón que decrete el archivo de las actuaciones. Además, pide que se levante el secreto de sumario.