Dicha práctica, conocida en el argot de competencia como “gun jumping”, supone un incumplimiento de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), que establece la obligación que tienen las empresas de notificar a la CNMC una concentración antes de ejecutarla, según explicó este jueves el organismo de competencia.

La incoación del expediente, decidida el pasado 26 de febrero, tiene lugar después de que la propia CNMC requiriese de oficio a Funespaña dicha notificación el 19 de noviembre del año pasado, “dado que superaba el umbral de cuota de mercado que establece la Ley para que las empresas notifiquen una operación de este tipo”.

Según la CNMC, dichos umbrales se cumplían, al menos, en el mercado minorista de servicios de tanatorio en San Bartolomé de Tirajana, de acuerdo con las definiciones de mercado vigentes en los precedentes del sector funerario en el momento de ejecución de la operación.

El organismo había autorizado la transacción el pasado 2 de marzo de 2020 en primera fase sin compromisos, aunque ahora abre expediente sancionador por incumplimiento del deber de notificación.

La incoación del expediente no prejuzga, en cualquier caso, el resultado final de la investigación, y ahora se abre un período máximo de 3 meses para la instrucción del expediente y su resolución por la CNMC.