Así se desprende del informe anual que elabora CEOE desde 2015 sobre la producción normativa, con el fin de analizar la evolución del complejo marco legislativo español.

El estudio del Departamento de Digitalización, Innovación, Comercio e Infraestructuras (DICI) de CEOE advierte de la excepcionalidad de los datos por el efecto de la pandemia de la Covid-19 en la actividad normativa de las administraciones.

En concreto, se aprobaron 793 nuevas normas de distinto rango a nivel estatal a lo largo del año 2020, lo que supone un incremento del 22,4% con respecto al ejercicio anterior, mientras que las normas con rango de ley no superaron las 53.

Además, la pandemia ha hecho que 2020 sea el año en el que más reales decreto ley se han aprobado en España (39), de forma que el 72% de las normas con rango de ley han sido desarrolladas a través de un real decreto ley.

Igualmente, 2020 fue el quinto ejercicio consecutivo en el que el número de reales decreto ley superó al de leyes ordinarias publicadas en el BOE.

Por su parte, las normas con rango de ley aprobadas por las comunidades autónomas ascendieron a 332 en 2020, un 7% más que en el año 2019.

Otro de los datos que pone de relieve el informe es que en 2020 se editaron en el BOE 191.776 páginas, cifra que, si se suma a las de los boletines oficiales autonómicos (753.322), resulta en casi un millón de páginas publicadas (945.098).

En el plano de la Unión Europea, el número de actos jurídicos adoptados en 2020 ascendió a 2.030, distribuidos en 931 reglamentos, 20 directivas y 1.079 decisiones, lo que se traduce en un ligero incremento del 1,8% con respecto a 2020. En cuanto a la legislación total vigente en la UE, acumula un total de 51.924 normas.

Por todo ello, CEOE reclama un marco institucional que promueva un Estado de Derecho “sólido, donde la regulación sea estable, fiable y cumpla con los criterios de las buenas prácticas regulatorias, lo que es imprescindible para fomentar el crecimiento económico y el desarrollo empresarial”.

En este sentido, pidió no añadir “cargas innecesarias” a las empresas, que para cumplir con la legislación que les es aplicable “deben destinar ingentes recursos que lastran su competitividad e impiden que se genere mayor riqueza y empleo”.

CEOE recuerda que, según el último Informe de Competitividad Mundial del World Economic Forum, correspondiente a 2019, España ocupa el puesto 114 de 141 países en nivel de carga que supone para las empresas tener que cumplir con toda la regulación existente.