Ante la comisión del ramo de la Cámara Baja, Moneo calificó de paradójico este hecho, y lamentó que el proyecto de ley “intente limitar” la libertad de educación.

Con ello se refería a la posibilidad de retirar las subvenciones a determinados colegios que según la nueva normativa segreguen al alumnado, algo que en su opinión resulta “injusto” y fuera de la realidad.

“Esta norma es ambigua y supondrá un aumento de la litigiosidad”, pues “mezcla derechos de naturaleza diferente”, declaró, y agregó que “además introducirá inseguridad en las relaciones privadas”.

También resaltó Moneo la posible duplicidad de funciones entre el proyectado organismo y el Defensor del Pueblo y sus homólogos autonómicos, idea en la que coincidió la diputada de CiU María Mercè Pigem.

Por su parte, la diputada socialista Antonia García Valls declaró que en muchos países existen figuras similares a la “autoridad” contra la discriminación que prevé esta norma.

En la Comisión de Igualdad intervinieron la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, y el presidente de Unión Romaní, Juan de Dios Ramírez Heredia, quien pidió “consenso y generosidad” a los grupos políticos, pues “ésta no es una ley de gitanos, inmigrantes o gays, sino que es de todos”, concluyó.