Según informó la Policía, los agentes están llevado a cabo once registros en domicilios de personas físicas y jurídicas, incluyendo los propios centros de producción y un despacho de abogados.

La investigación está siendo dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número Tres de la Audiencia Nacional en sus Diligencias Previas 57/2020 declaradas secretas, y la está coordinando la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

El objetivo del operativo persigue la obtención de pruebas para el esclarecimiento de los hechos y la salvaguarda de los derechos de todos los posibles afectados.

En la operación se involucrarán más de 100 funcionarios policiales de distintas especialidades de la organización central y territorial de la Dirección General de la Policía, así como integrantes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.