La legislación vigente en esta materia no garantiza el derecho de las personas con discapacidad al acceso a la justicia reconocido en el tratado internacional citado y por eso el Cermi ha manifestado su contundente apoyo a la reforma, que oportunamente coincide con el proceso de evaluación por parte de Naciones Unidas del nivel de cumplimiento de la Convención en España, proceso que culminará a partir de septiembre con la aprobación de las Observaciones finales del Comité de expertos.

Ante esta coyuntura, sorprende que se amplíe tan extensamente el plazo de enmiendas y que no se haya procedido a una tramitación ágil y rápida que evite la vulneración de derechos que ocasiona la normativa actual, señala.

El Cermi, en calidad de organismo de seguimiento de la Convención, viene denunciando desde hace más de tres años esta colisión entre el ordenamiento jurídico español y los mandatos de la Convención de la ONU, por lo que traslada a los Grupos políticos la inquietud y el deseo del movimiento de la discapacidad de que la proposición de ley pueda ser reactivada y aprobada con urgencia.