Según informó el comité en una nota, en la demanda contencioso-administrativa interpuesta el Cermi impugna determinados aspectos de la regulación gallega por considerarlos contrarios a la Convención de la ONU y a la propia Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, que crea el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Entre los motivos de impugnación de la normativa gallega, el Cermi apunta la vulneración del artículo 19 de la Convención de Naciones Unidas, que consagra el derecho a ser incluido en la comunidad de las personas con discapacidad y a llevar una vida independiente de acuerdo con sus preferencias libremente elegidas, "al no garantizar suficientemente el principio de libre opción y de participación efectiva de la persona beneficiaria en la confección del programa individual de atención".

Además, el Cermi considera contraria a Derecho la regulación que hace el decreto recurrido del silencio administrativo, que se entiende como negativo, es decir, desestimatorio de las solicitudes en caso de no contestar la Administración en plazo, cuando según los principios generales vigentes en la legislación administrativa tendría que ser positivo.

Otra cuestión impugnada es la escasa intensidad de alguna de las prestaciones, como la de asistente personal, "que puede verse vaciada de contenido".