Este fondo tiene por objeto prestar apoyo financiero a las empresas que realicen dicha actividad y se canaliza a través de un convenio suscrito entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) o a través de las comunidades autónomas.

En opinión del Cermi, “la actividad a la que van dirigidos los recursos de este fondo es el objeto principal de muchas entidades del tercer sector, por lo que resulta contradictorio y restrictivo limitar sus beneficiarios sólo a las empresas”.

La propia Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia señala como principio de actuación "la participación del tercer sector en los servicios y prestaciones de promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia", por lo que, “teniendo un papel central en el desarrollo del SAAD, resulta difícil de entender que no pueda participar en un fondo destinado a apoyar infraestructuras y servicios en ese ámbito”, según el Cermi.

Por este motivo, el Comité de representantes de la discapacidad sugiere que se añada un nuevo apartado donde se especifique que “se entiende comprendidas dentro de las beneficiarias del fondo las fundaciones y asociaciones de utilidad pública que tengan entre su objeto la promoción de la autonomía personal y la atención a las situaciones de dependencia".