Los dos piratas han sido identificados con los nombres de Abdu Willy y Raagegeesey.

En concreto, la Fiscalía les acusa de 36 delitos de detención ilegal –por los 36 tripulantes del atunero-, otro de robo con violencia y un delito adicional de uso de armas, según consta en el escrito presentado esta mañana ante el juzgado de Garzón. El magistrado tiene de plazo hasta esta noche para tomar una decisión.

La Fiscalía sostiene que el caso es competencia de la Audiencia Nacional ya que la detención de los dos corsarios se produce, a su entender, fuera de la “operación Atlanta” de la Unión Europea, y por lo tanto no son aplicables los acuerdos firmados con Kenia para el procesamiento y enjuiciamiento de los piratas en ese país.

En cambio, considera que debe aplicarse la Convención de Ginebra y subraya, además, que se trata de delitos de piratería cometidos en el extranjero contra ciudadanos españoles, por lo que, al amparo de lo establecido por el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el caso corresponde a la Audiencia Nacional.