Dijo que el objetivo es garantizar un derecho básico a los consumidores como es la información comprensible en los contratos hipotecarios, sobre todo en un caso como el de los préstamos y créditos hipotecarios en el que debe quedar claro si el contratante de estos productos incluye como garantía la vivienda hipotecada y el resto de bienes del comprador, o si la única garantía es la vivienda (dación en pago).

González, explicó que, en virtud de esta Ley, el Gobierno regional exigirá a las entidades financieras que faciliten a los consumidores una información previa de las condiciones contractuales y del contenido esencial del contrato hipotecario de una forma clara, sencilla y fácilmente comprensible.

Señaló que el consumidor tiene derecho a saber claramente lo que firma, y añadió que un consumidor bien informado, sin duda, es un consumidor que protege mejor sus derechos.

La información previa a la firma del préstamo se orientará, prioritariamente, al conocimiento de las condiciones contractuales que se vayan a suscribir entre las partes, de manera que el consumidor pueda asegurarse un conocimiento exhaustivo del contrato, con especial

referencia a la identificación del tipo de crédito, el importe total a satisfacer por el crédito, así como las consecuencias económicas o de cualquier tipo que se producirían en caso de impago del crédito.

De la misma manera, el consumidor debe recibir información clara y sencilla de las obligaciones que contrae, con especial referencia a la garantía que se constituye para atender al crédito en caso de impago, esto es, si la dación de la vivienda en pago resolvería el contrato (de acuerdo con el artículo 140 de la Ley Hipotecaria), o si el consumidor quedaría vinculado con otras garantías.

Dijo que el anteproyecto de Ley exige que las condiciones del contrato sean facilitadas de la manera más adecuada para su lectura y comprensión, utilizando el tamaño de letra apropiado para ello y evitando, en lo posible, tecnicismos que dificulten la auténtica comprensión de las cláusulas.

Además, la empresa o entidad que concede el préstamo o crédito con garantía hipotecaria deberá acreditar de forma fehaciente la entrega al consumidor de toda la información con carácter previo a la formalización del contrato.

Por otra parte, el consumidor tendrá derecho a solicitar una copia del contrato antes de su formalización para poder examinarlo sin la presencia de la entidad, copia que le será facilitada sin coste alguno.

Asimismo, se recogen las infracciones en materia de consumo y las sanciones que podría acarrear el incumplimiento por parte de las entidades concedentes del crédito o préstamo.

Será sancionable no acreditar la entrega fehaciente de esta documentación o si el contrato no se ajusta a la información previa.

Con el fin de que todas las partes implicadas tengan la oportunidad de mostrar su parecer sobre la norma, el texto se presentará ante el Consejo de Consumo, donde están representadas las asociaciones de consumidores inscritas en la Comunidad de Madrid, así como ante el Consejo Económico y Social.